Un primer pronunciamiento sobre consentimiento informado: STC 37/2011

El pasado 28 de marzo de 2011 el Tribunal Constitucional vino a pronunciarse, por primera vez, sobre materia de consentimiento informado. La Ley General de Sanidad 14/1986, antecedente directo de la actual Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica recoge la importancia de facilitar la información en términos comprensibles para el paciente y sus familiares, el derecho a recibir información y a que se le respete la decisión de no ser informado; a que la información se le suministre de forma continuada y que incluya tanto las actuaciones médicas previstas como los medios y diagnóstico.

La Ley 41/2002 viene a completar el derecho a la información del paciente no capacitado para tomar decisiones, a sus familiares o personas a él allegadas; y viene a corregir las deficiencias de la ley anterior, ofreciendo mayor seguridad a las intervenciones de los médicos, así como regula detalladamente nuevas instituciones como las voluntades anticipadas o la historia clínica.

Aunque el primer pronunciamiento constitucional haya tenido lugar en 2011, ya el Tribunal Supremo se había pronunciado en numerosas ocasiones en materia de consentimiento informado, reconociendo la integración de la exigencia de información como un elemento del consentimiento informado.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011 versa sobre el supuesto de un paciente que es sometido a un cateterismo cardíaco sin que se le informara de los riesgos de la intervención y sin que se hubiese recabado su consentimiento para la práctica de la misma. Como consecuencia de la intervención tiene una pérdida funcional total de la mano derecha. Los profesionales que le intervinieron justificaron la ausencia de consentimiento informado en que el paciente ya había tenido otra intervención de igual naturaleza y en el riesgo vital existente ante la situación que le llevó a urgencias. El paciente recurre fundamentándose en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la integridad física y a la libertad, por habérsele denegado el derecho a ser indemnizado por las secuelas derivadas de la intervención.

La Sentencia descarta la vulneración del derecho a la libertad, pues la libertad personal protegida por la Constituciónno cubre una libertad general de autodeterminación individual. Se concede el amparo por considerar vulnerado el derecho a la integridad física del demandante ya que la asistencia recibida no satisfizo su derecho a prestar un consentimiento debidamente informado. No basta con que exista una situación de riesgo para omitir el consentimiento informado, sino que aquél ha de encontrarse cualificado por las notas de inmediatez y de gravedad, ninguna de las cuales se dio en el supuesto. Se aprecia también la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto las resoluciones judiciales impugnadas no tutelaron el derecho a la integridad física. Dichas resoluciones rechazaron la pretensión del demandante ateniéndose a criterios no previstos legalmente (como el de la edad del paciente o la previa realización de otro cateterismo once años antes) a la hora de ponderar las circunstancias del caso, e interpretaron y aplicaron las normas concernidas de manera contraria a la mayor efectividad del derecho.

Si bien la Sentencia viene a aplicar la jurisprudencia constitucional ya asentada sobre el derecho a la integridad física (recogida en las SSTC 120/1990, 207/1996, 119/2001, 5/2002, 221/2002 o 220/2005); la novedad radica en la originalidad del pronunciamiento relativo a que la privación de información equivale a una privación o limitación del derecho a consentir o rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho fundamental a la integridad física y moral.

Ana Ylenia Guerra Vaquero – Analista ADOC

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